INFORME DE LA FFES SOBRE LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN EL REAL DECRETO LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO, EN RELACIÓN A LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL

Las empresas de Economía Social, como el resto de agentes económicos que desarrollan actividades económicas, se ha visto muy afectadas por la situación producida a raíz de la crisis sanitaria y económica derivada de la irrupción del COVID-19.

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (BOE 18 de marzo) trata de acometer actuaciones para paliar los efectos de todo tipo que se ocasionan y de forma especial en lo que se refiere a empresas y autónomos se han establecido medidas de diversa índole y desde la perspectivas de las empresas de economía social se pueden extraer las siguientes.

Además, la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica ha publicado unas Instrucciones para la presentación de ERTEs por fuerza mayor como consecuencia del COVID-19.

Medidas sobre la prestación extraordinaria por cese de actividad

El artículo 17 prevé una prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, incluso aunque no se haya acreditado la cotización por el periodo mínimo establecido, regulando los requisitos para acceder a la misma: estar afiliado y en alta, hallarse al corriente en el pago de cuotas o efectuar el pago de cuotas pendientes en un plazo de 30 días y acreditar se cumplen las circunstancias (suspensión de la actividad o disminución facturación).

Esta prestación se hace extensiva a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por cotizar al RETA.

Queda la duda de si esta prestación extraordinaria sería aplicable a los socios trabajadores de las sociedades laborales que cotizan en autónomos ya que los términos “trabajadores por cuenta propia o autónomos” en principio no parecen alcanzar a estos socios trabajadores que en todo caso son trabajadores por cuenta ajena que cotizan como los autónomos. Habrá que ver si se interpreta de forma positiva para los “autónomos societarios” en cuyo caso sería clara la aplicación a los socios trabajadores de sociedades laborales que cotizan en el RETA.

Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos.

(Artículo 22) En lo referente a las suspensiones de contratos y reducción de jornadas por causa de fuerza mayor, las cooperativas y las sociedades laborales respecto de las personas trabajadoras por cuenta ajena podrán acogerse a lo dispuesto en este Real Decreto. El procedimiento incluye la elaboración de un informe justificativo, comunicación a los representantes de los trabajadores, informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, todo ello con plazos más reducidos. Los plazos establecidos se han ampliado mediante Resolución de 30 de marzo la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica.

El apartado 3 del artículo 22 prevé expresamente la aplicación de medidas en caso de cese temporal para los socios trabajadores de Cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social. En este caso, se aplicará lo establecido en el RD 42/1996, de 19 de enero por el que se amplía la protección por desempleo a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado en situación de cese temporal o reducción temporal de jornada. Por lo tanto se aplica igualmente a las sociedades laborales aunque dicho RD 42/1996 se refiere sólo a las cooperativas de trabajo asociado.

En relación a la aplicación de dicho RD 42/1996 se modifica el plazo de resolución de la autoridad laboral reduciéndose a cinco días desde la solicitud, y el plazo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que será en cinco días.

Otro aspecto de este RD 42/1996 a tener en cuenta se refiere a que el mismo exige una certificación del acuerdo de la Asamblea General de la “suspensión total y/o parcial, o cese definitivo de la prestación de trabajo de los socios trabajadores”. Esta exigencia de que el acuerdo sea adoptado por este órgano (Asamblea General) genera un problema operativo dadas las circunstancias de sanidad y de confinamiento, por lo que habría que intentar realizar una Asamblea General virtual y si no fuera posible, el órgano de administración emitiría el correspondiente Certificado, asumiendo la correspondiente responsabilidad respecto a las socias y socios trabajadores que integran la Asamblea General. Así se ha establecido en el Real Decreto ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del
COVID19. Artículo 4. Medida extraordinaria aplicable a las sociedades cooperativas para la adopción de acuerdos en los procedimientos de suspensión total y/o parcial, en los términos previstos en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. Cuando por falta de medios adecuados o suficientes la Asamblea General de las sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la suspensión total o parcial de la prestación de trabajo de sus socias y socios y emitirá la correspondiente certificación para su tramitación, en los términos previstos en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

La norma no hace alusión de manera expresa a socios de trabajo de otras cooperativas. La LGSS establece que serán asimilados a trabajadores por cuenta ajena a efectos de Seguridad Social, por lo que interpretamos que les resultaría de aplicación.

Respecto a los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción también será de aplicación el procedimiento específico previsto en el Real Decreto 42/1996.

El período de consultas entre empresa y representantes de los trabajadores no deberá exceder en este caso de siete días, y el plazo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que será en siete días.

Entendemos que no se contempla la posibilidad de solicitar un ERTE que afecte a los propios socios trabajadores que coticen como autónomos, a pesar de que los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado sí puedan solicitar la prestación extraordinaria del artículo 17 del RD-ley 8/2020. En su caso tendrían que solicitar la prestación por cese de actividad. Todo ello sin perjuicio de que estas sociedades puedan solicitar ERTEs referidos a trabajadores por cuenta ajena y aplicar las medidas establecidas.

Medidas extraordinarias en materia de cotización

El artículo 24, en relación con los expedientes de suspensión de contratos y reducciones de jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal definida en el artículo 22, en materia de cotización, se exonera a las empresas del abono de la aportación empresarial y de los conceptos de recaudación conjunta si tuvieran menos de 50 trabajadores, exonerando en caso de tener más  hasta el 75% de la aportación. Entendemos que resulta de aplicación a cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales cuyos socios trabajadores se han visto afectados por estas suspensiones y reducciones, en los mismos términos.

Medidas en materia de protección por desempleo.

Artículo 25 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Se establecen medidas concretas en el sentido de no exigir el período de ocupación cotizada mínimo necesario para tener la prestación por desempleo y, además, que no compute este tiempo de prestación a efectos de consumir los periodos máximos de percepción establecidos.

Estas disposiciones son aplicables también a los socios trabajadores de las cooperativas y sociedades laborales que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo.

En particular y en el caso de las cooperativas de trabajo asociado se exige que las causas que han originado la suspensión o reducción temporal de la jornada hayan sido debidamente constatadas por la autoridad laboral competente.

Medidas en materia de liquidez para sostener la actividad económica.

Las cooperativas y sociedades laborales podrán ser beneficiarias, al igual que otras empresas, de avales a la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros, etc. para necesidades derivadas de gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras y tributarias u otras necesidades de liquidez.

Las condiciones y requisitos se establecerán por Consejo de Ministros.

Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado.

El artículo 40 del Real Decreto-ley, teniendo en cuenta la situación actual en relación a la dificultad o imposibilidad de realizar las reuniones del órgano de administración o Asambleas o Juntas Generales facilita la realización de las mismas incluso aunque los estatutos no contemplen estos procedimientos, mediante la realización de reuniones de forma telemática por videoconferencia siempre que se asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto.

De igual forma se facilita que los acuerdos de los órganos de gobierno de las sociedades mercantiles y de las cooperativas puedan adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano.

Asimismo, se suspende el plazo de tres meses para formular las cuentas anuales de las sociedades obligadas hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose por otros tres meses a contar desde esa fecha.

Se prorrogará el reintegro a las aportaciones de los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del estado de alarma hasta que transcurran seis meses desde la finalización del mismo.

Medidas en materia de suspensión de plazos en el ámbito tributario

Se ampliarán los plazos, hasta el 30 de abril de 2020, de pagos de deuda tributaria y de vencimiento tributario de plazos y fracciones de acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, cómputo de plazos, recursos de reposición y procedimientos económico administrativos.

Asimismo, el período comprendido desde la entrata en vigor de este Real Decreto Ley y el 30 de abril de 2020 no computara a efectos de la duración máxima de los procedimientos iniciados de oficio.

Salvaguarda de empleo medidas extraordinarias ámbito laboral

La Disposición adicional sexta establece el compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad